La LISTA, una norma andaluza para acabar con una legislación del suelo que no gustaba a nadie

La nueva ley de suelo andaluza, que se debatirá en el Parlamento en las próximas semanas, está llamada a sustituir a una normativa que lleva años en el disparadero por su complejidad.

Se trata de una norma muy demandada por los operadores del mercado inmobiliario, que creen que hace tiempo que ha quedado demostrado que la ley vigente, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de 2002, funciona mal. Aquella ley fue la reacción legislativa a las sentencias del Tribunal Constitucional que, entre 1997 y 2001, deslindaron las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de suelo y ordenación del territorio, declarando nula parte de la legislación vigente. La LOUA de 2002 ha sido modificada 15 veces desde su entrada en vigor y ha acabado generando una enorme litigiosidad.

Fin del suelo urbanizable

Una de las principales novedades es la eliminación de la clasificación de suelos en urbano, rústico y urbanizable, hasta ahora vigente. A partir de ahora, solo habrá suelo rústico y urbano, desapareciendo también la categoría de consolidado y no consolidado. Andalucía será la primera comunidad autónoma en acogerse a este sistema, ya previsto por la normativa estatal básica.

Sistema dual de planificación

En el ámbito de la planificación, el proyecto parte de que la idea de que el plan general es una “norma rígida que determina todo el planeamiento de desarrollo”, lo que estaría en el origen de los retrasos y las impugnaciones. Así que la otra gran novedad es la apuesta por un sistema dual de planeamiento urbanístico: un Plan General de Ordenación Municipal (lo que antes era el PGOU) para el diseño del “modelo de ciudad a medio y largo plazo”, y el Plan de Ordenación Urbana, como instrumento de “ordenación detallada de la ciudad existente”.

Sesgo “ideológico”: potenciación de la declaración responsable

La nueva norma es muy favorable a la liberalización y relajación de controles a priori. Es lo que varias fuentes definen como "sesgo ideológico" de la nueva norma, que se percibe especialmente en la apuesta por la declaración responsable como herramienta prioritaria. Sustituirá a la licencia previa en un buen puñado de actos, como obras menores o en edificaciones ya existentes, o cambios de uso. En el proyecto del actual gobierno, el concepto “declaración responsable” aparece citado 60 veces.

Fuente: El Diario